En Chile, la izquierda impulsó una nueva constitución. Luego la derecha tomó el control
En 2019, un oficial de policía disparó balas de goma hacia un estudiante de psicología llamado Gustavo Gatica, uno de los miles de manifestantes que protestaban por todo Chile contra el gobierno del país y la profunda desigualdad. Gatica perdió un ojo y la vista del otro.
Gatica lo consideró un sacrificio devastador, pero no hecho en vano. Las protestas forzaron un proceso para derogar la Constitución chilena, que todavía tenía sus raíces en la sangrienta dictadura militar de 17 años del país, y redactar una carta nacional desde cero. Gatica se convirtió en parte de una campaña nacional por un camino nuevo y esperanzador para esta nación sudamericana de 19 millones de habitantes.
Ahora, cuatro años después, tras una serie de duras batallas políticas y votaciones sobre asambleas constitucionales y proyectos de ley, Gatica se encuentra en una posición desconcertante. El domingo planea votar para mantener la constitución de la era de la dictadura por la cual perdió su visión en la lucha por remplazarla.
¿El motivo? El texto propuesto sobre el que decidirán los chilenos en realidad empujaría a la nación más hacia la derecha.
“Inesperadamente lograron hacer una Constitución peor aún”, dijo Gatica, de 26 años, sentado en el consultorio de psicología que abrió en Santiago, la capital de Chile, a pocas cuadras de donde quedó ciego. En “el 2019 jamás pensaría que íbamos a estar en este punto”.
La consulta popular de Chile es la culminación de una iniciativa de cuatro años para adoptar una nueva constitución que en un momento fue aclamada como un modelo de gobernabilidad democrática en todo el mundo, y que ahora ilustra cuán complicada es realmente la democracia.
Hubo protestas masivas, provocadas en principio por un aumento de 4 centavos de dólar en las tarifas del metro, que dejaron partes de Santiago destruidas, más de 30 civiles muertos y 460 manifestantes con graves traumatismos oculares.
Hubo un referendo nacional —con 78 por ciento de votos a favor— para remplazar la Constitución actual, una versión muy modificada de un documento de 1980 promulgado en principio por el gobierno militar del general Augusto Pinochet.
Luego hubo una Convención Constitucional compuesta por outsiders políticos, en su mayoría de izquierda y extrema izquierda, que redactaron un texto de 388 artículos que habría consagrado más de 100 derechos, la mayor cantidad de cualquier carta nacional en la historia, entre ellos el derecho a vivienda, educación, acceso a internet, aire limpio, servicios sanitarios y asistencias “desde el nacimiento hasta la muerte”.
Ese texto obtuvo un rechazo abrumador el año pasado en un voto nacional.
Y finalmente, este año, se eligió un nuevo Consejo Constitucional, ahora liderado en gran medida por un partido de extrema derecha, el cual redactó una carta completamente nueva que, según los críticos, endurecería las condiciones económicas contra las que habían luchado los manifestantes y que inició todo el proceso.
“Ha sido nuestra forma turbulenta de lidiar con el trabajo inconcluso de la transición a la democracia”, dijo Felipe Agüero, politólogo de la Universidad de Chile que ha estudiado la evolución del país desde el fin de la dictadura de Pinochet en 1990.
Tanto la izquierda como la derecha, cuando tuvieron la oportunidad de escribir finalmente una nueva carta constitucional, ignoraron posibles concesiones y en su lugar redactaron textos casi completamente basados en su visión del mundo, dijo. “Es una consecuencia de posponer durante tanto tiempo cambios significativos en la Constitución”, dijo Agüero.
El año pasado, los chilenos salieron en masa para apoyar o luchar contra la carta propuesta en un momento que se sintió trascendental para el país.
Días antes de la votación, cientos de miles de personas que apoyaban el texto con tendencia de izquierda inundaron el centro de Santiago, el escenario de las tensas protestas de años antes, para un concierto que cerraría la campaña de lo que esperaban sería el comienzo de una nación nueva y más igualitaria.
Luego, el 62 por ciento de los chilenos rechazó la propuesta. La izquierda se desinfló y gran parte de la población quedó desilusionada y desmovilizada.
Meses después, los candidatos de derecha ganaron dos tercios de los 51 escaños en un nuevo Consejo Constitucional. Muchos eran miembros del emergente Partido Republicano de Chile, de extrema derecha, el cual a rasgos generales se opone al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo y habla con nostalgia de los años de Pinochet.
Como parte del segundo proceso constitucional de este año, el Congreso nombró a un grupo de 24 expertos, la mayoría de ellos abogados, quienes redactaron un texto modelo que presentaba un enfoque común.
“Sentí que todos podíamos vivir con eso”, dijo en una entrevista Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, de centro izquierda. En cambio, el Consejo Constitucional dominado por la derecha modificó significativamente el modelo para crear un texto más conservador. “La tentación para ellos fue demasiado grande”, dijo.
“No se puede ganar todo o conseguir todo”, añadió Bachelet. “Eso es lo que pasó en el primer intento y eso es lo que está pasando ahora”.
Luis Silva, un miembro del Consejo Constitucional por el Partido Republicano que se ha convertido en una especie de portavoz, ha dicho que el proceso fue en realidad equilibrado porque tanto la izquierda como la derecha acordaron los parámetros, hubo un número igual de mujeres y hombres involucrados y el texto modelo del grupo bipartidista de expertos tuvo gran influencia en la propuesta final.
“Yo soy un convencido de que la propuesta es un balance entre las miradas de izquierda y de derecha respecto de todos los temas constitucionales”, dijo en un debate televisado este mes.
El texto de 216 artículos establece una amplia gama de reglas y principios —en comparación, la Constitución de Estados Unidos tiene siete artículos—, pero no está claro cómo se convertirían en leyes.
El texto apoya un enfoque de gobierno pro mercado, en el cual se le asegura al sector privado un papel primordial en áreas como la educación y la salud. Parece encadenar a Chile a un sistema privado de seguridad social que ha sido ampliamente criticado por proporcionar pensiones escasas, así como en un sistema de atención médica basado en las aseguradoras que a menudo encarece el tratamiento para las mujeres, las personas mayores y las personas con enfermedades preexistentes.
El texto también incluye guiños a las creencias religiosas profundamente arraigadas de algunos de sus autores. (Silva, por ejemplo, vive en una casa específicamente para seguidores del Opus Dei, un grupo católico estricto cuyos miembros suelen ser célibes).
La redacción del texto propuesto podría ocasionar leyes que dan a las instituciones el derecho a ser los llamados objetores de conciencia, lo que significa que las clínicas de salud podrían negarse a realizar abortos y las empresas podrían, en teoría, invocar sus creencias religiosas para rechazar servicios a ciertos grupos, como parejas homosexuales o personas transgénero.
Silva ha dicho que se opone al aborto, pero que la Constitución no era el lugar para litigarlo.
Sin embargo, la disposición que ha recibido más atención, con diferencia, es un cambio de una sola palabra en la redacción de la Constitución actual sobre el derecho a la vida. El anteproyecto propuesto se refiere a la protección de la vida de “quien está por nacer”, en lugar de “del que está por nacer” en el texto actual.
A muchos chilenos les preocupa que este cambio pueda permitir a los tribunales anular la ley chilena que permite el aborto en determinadas circunstancias.
Las encuestas han sugerido durante meses que los chilenos van a rechazar el texto propuesto, aunque el margen se ha reducido en fechas recientes. Los políticos y el gobierno chileno han dicho que si se rechaza, abandonarían el proyecto de escribir una nueva constitución, al menos por ahora.
Si se rechaza, sería un escenario muy inusual. Antes del plebiscito de Chile del año pasado, los votantes habían aprobado el 94 por ciento de los 179 referendos constitucionales completos en todo el mundo desde 1789, según una investigación de Zachary Elkins y Alex Hudson, dos politólogos estadounidenses.
En dos años, Chile podría sumar apenas el duodécimo y decimotercer rechazo de una nueva constitución en la historia moderna, según sus análisis.
Gatica, que formó una banda de rock con otros siete manifestantes que también perdieron ojos en las manifestaciones de 2019, dijo que independientemente del resultado del domingo, Chile no habrá logrado el futuro que esperaba.
“Creo que es decepcionante, sin embargo entiendo que los procesos sociales son así”, afirmó. “Yo al menos no me rendiría en seguir exigiendo que cambien las cosas”.
Pascale Bonnefoy colaboró con la reportería.
Jack Nicas es el jefe de la corresponsalía en Brasil, que abarca Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Anteriormente reportó de tecnología desde San Francisco y, antes de integrarse al Times en 2018, trabajó siete años en The Wall Street Journal. Más de Jack Nicas
